Informaciones
Psiquiátricas
2016 - n.º 226
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tivas no previstas. La primera, que salta a la
vista, es que se ha creado un mercado ne-
gro criminal de proporciones considerables.
También se observa el desplazamiento de las
políticas, con el resultado de reasignación
de escasos recursos a salud. Otro efecto es
el de desplazamiento de producción, trán-
sito y suministro de drogas, que no de su
eliminación. También se observa el despla-
zamiento del consumo a sustancias diferen-
tes. Y en fin, hay que denunciar la estig-
matización y discriminación de las personas
que usan drogas, impidiendo o dificultando
el tratamiento que necesitan.
En el portal
Count the costs of the war on
drugs
se ofre-
ce amplia información al respecto, con
un informe sobre drogas alternativo a los
oficiales. Estos costes principales son, en
primer lugar, la amenaza a la salud pública
y la propagación de enfermedades y muer-
te. En segundo lugar, el socavamiento del
desarrollo y la seguridad, alimentando el
conflicto. Le siguen el inmenso coste que
supone la delincuencia y el enriquecimien-
to de organizaciones criminales en torno a
la droga. Es evidente que todo ello genera
el socavamiento de los derechos humanos
y promueve el estigma y la discriminación.
Otro coste no menos importante es que se
desperdician ingentes sumas de dinero, se
socavan economías y se causa deforestación
y contaminación.
Está claro que los mercados ilícitos crean
oportunidades de negocio para organiza-
ciones criminales, que dan poca o ninguna
información acerca de la potencia del pro-
ducto de consumo. Además, existe el riesgo
potencial de poner a los consumidores en
contacto con mercados de drogas más dañi-
nas de las que ya están consumiendo. Luego
está el hecho de que el mercado muestra
la inclinación a ofrecer productos cada vez
de mayor riesgo, en el caso del cannabis
con alto porcentaje de tetrahidrocannabinol
(THC, principal componente psicoactivo) e
inferior concentración de cannabidiol (CDB,
que parece contrarrestar al THC). También
en el caso del cannabis, se observa clara-
mente una expansión de mercados de aná-
logos de cannabis sintético de mayor riesgo
(
spice
; véase Cannabinoides sintéticos en
esta misma monografía).
La nueva Ley de Protección
de la Seguridad Ciudadana
En el actual marco de prohibición y de
guerra a las drogas, en 2015 se promulgó
la nueva Ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana, que establece multa por consu-
mo o tenencia de drogas en lugares o es-
tablecimientos públicos. La cuantía de la
multa puede ir de 601 a 10.400 euros, cuan-
do se trate de la primera vez y no existan
circunstancias agravantes. Si en el término
de dos años se ha cometido otra infracción
de este tipo, la multa pasa a considerarse
infracción grave de grado medio, cuyo im-
porte oscilará entre 10.401 a 20.200 euros.
Creemos que esta es una sanción injusta y
desproporcionada para un comportamiento
de los adultos que realizan de forma volun-
taria. Además, crea dificultad sustancial en
el desarrollo humano, y más por repercusio-
nes penales por delito de salud pública, y
con especial incidencia en grupos ya vul-
nerables, en particular en los pobres y los
jóvenes. En la figura1 se refleja cómo en
España el porcentaje de detenciones y de-
nuncias por cannabis supera los respectivos
porcentajes por cocaína y heroína.
APORTACIONES DE LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS EN UN CONTEXTO DE REGULACIÓN
