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Informaciones
Psiquiátricas
2016 - n.º 226
tenencia y consumo en vía pública, inclu-
yendo esta última reforma la posibilidad de
sancionar directamente los cultivos que sean
visibles al público. Esto, unido al conjunto
de leyes del Estado, comporta una profunda
inseguridad para las personas usuarias.
En el nuevo paradigma, la producción para
el consumo entre adultos se considerará le-
gal, por lo que se permitirá el uso sin corta-
pisas en espacios privados, como el domicilio
propio o locales habilitados para ello. El con-
sumo y el transporte en la vía pública tendrá
el mismo tratamiento que el tabaco, con las
limitaciones que establece la ley. Es impres-
cindible esclarecer cuáles son los umbrales
a partir de los que una persona está incapa-
citada para conducir. Esto permitiría evitar
los falsos positivos y la criminalización del
cannabis.
2. Cultivo colectivo:
los clubs sociales de cannabis
En los últimos años, el debate político y
mediático en torno al cannabis en España
ha estado polarizado fundamentalmente por
el discurso prohibicionista por un lado y el
discurso de los clubs sociales de cannabis
por el otro, orientado a una regulación del
fenómeno.
Los clubs sociales de cannabis nacieron
como una prolongación natural del autocul-
tivo privado en el modelo colectivo, como vía
alternativa de autogestión, basándose en la
autoproducción y distribución de cannabis
sin ánimo de lucro entre personas usuarias,
en un circuito cerrado de personas consu-
midoras adultas que se organizan en siste-
mas de responsabilidad compartida. Deberán
contar con un sistema de licencias y buenas
prácticas que permitan a estas asociaciones
sin ánimo de lucro funcionar garantizando la
calidad y trazabilidad del producto.
3. Comercio con licencia
La comercialización del cannabis, por me-
dio de mercados no regulados, representa la
forma más habitual para abastecerse de can-
nabis. Debido a la prohibición, las personas
consumidoras lo hacen en condiciones de
clandestinidad porque comprar cannabis es
una práctica criminalizada y su venta perse-
guida por el ordenamiento jurídico del Estado
español.
En la actualidad, ciertas personas pueden
abastecerse a través del autocultivo y los
clubs sociales de cannabis, pero otras no
tienen los mecanismos, la disposición o su-
ficientes incentivos para hacerlo. Una regula-
ción integral del cannabis debe poder ofrecer
cannabis a las personas que quieran consumir
y no puedan o no quieran abastecerse me-
diante las dos prácticas mencionadas.
La venta del cannabis estaría sujeta a im-
puestos especiales como las substancias re-
guladas por el Estado. La comercialización
del cannabis se debería realizar a partir de
los preceptos del Estado democrático social
y de derecho, es decir, la comercialización
estaría regulada y controlada por el Estado.
Este regularía las plantaciones, fiscalizaría el
transporte y otorgaría licencias a las perso-
nas responsables de la venta. En definitiva,
velaría por la calidad del cannabis y la salud
de las personas usuarias, ya que impediría las
malas prácticas de las grandes corporaciones
comerciales depredadoras.
Es patente la necesidad de encontrar un
equilibrio correcto entre los intereses comer-
ciales –que buscan aumentar los beneficios,
lo que conlleva promocionar el consumo- y la
regulación basada en la salud pública, la cual
busca minimizar los daños, lo que conlleva
moderar o reducir el consumo.
Deberá procederse a la trazabilidad del
producto, es decir, a que deberán emplearse
Patricia Amiguet
